Transitional Justice and Protracted Accountability in Re-democratised Uruguay, 1985-2011

摘要

This article analyses the protracted process by which democratised Uruguay has come to terms with its legacy of human rights violations. Central to this process has been the nature of Uruguayan transitional policies and their more recent partial unravelling. Due to the negotiated transition to electoral democracy, civilian political elites approached the transitional dilemma of balancing normative expectations and political contingency by promulgating legal immunity, for years avoiding initiatives to pursue trials or launch an official truth commission, unlike neighbouring Argentina. A constellation of national and transnational factors (including recurrent initiatives by social and political forces) eventually opened up new institutional ground for belated truth-telling and accountability for some historical wrongs - and yet, attempts to challenge the blanket legal impunity failed twice through popular consultation and in a recent parliamentary vote. Each time, the government officially projected a narrative that sacralised national consensus and reconciliation, now enshrined in two sovereign popular votes, and the adoption of a forward-looking democratic perspective.%Este artículo analiza el largo proceso por medio del cual el Uruguay democratizado ha enfrentado su legado de violaciones a los derechos humanos. Central a tal proceso ha sido la naturaleza de las políticas transicionales uruguayas y su más reciente transformación parcial. Debido a la transición negociada hacia la democracia, las élites políticas civiles enfocaron el dilema de la transición de equilibrar normatividad y contingencia política por medio de un marco de inmunidad legal. Por años, ello impidió la adopción de iniciativas judiciales en casos de violaciones a los derechos humanos o lanzar una comisión oficial de la verdad, al contrario de su vecina Argentina. Una serie de factores nacionales e internacionales (producto de los esfuerzos de diferentes fuerzas políticas y sociales) finalmente abrieron nuevos terrenos institucionales para avanzar en una tardía rendición de cuentas y confrontación con el legado de la represión autoritaria. A pesar de avances destacados, incluso en el terreno judicial, los intentos por desafiar a la impunidad legal fracasaron tres veces, ya fuera a través de consultas populares o, más recientemente, en un voto parlamentario. En cada caso, el gobierno proyectó oficialmente una narrativa que sacralizaba el consenso y la reconciliación nacional sustentados por el voto popular y la adopción de una perspectiva que pregona dejar el pasado atrás.