Este artículo analiza la implementación de las normas de Basilea II, II.5 y III en los países de América Latina a través de específicas regulaciones bancarias y encuentra que debido a que tales reglas no fueron completamente adoptadas, los bancos fueron capaces de usar algunos de los principios que les daban espacio para el arbitraje regulatorio, facilitando los flujos financieros ilícitos (FFI). Las normas bancarias de Basilea suponen que el capital regulatorio debía ser mínimo del 10.5%, pero los cocientes de patrimonio sobre activos calculados para grandes bancos cayeron en 1.2 puntos porcentuales entre 2005 y 2015 y las provisiones sobre activos se incrementaron 0.6 puntos porcentuales en el mismo periodo. La petición a la carta para implementar esos estándares pone a la región a merced de una globalización subterránea que favorece los FFI.
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