Los procedimientos judiciales para el acceso a la administración de justicia, y la garantía institucional del ejercicio de los derechos laborales – barreras en la fase introductoria

摘要

A pesar que el ordenamiento jurídico colombiano ha propugnado por la fundamentalidad de los derechos laborales y por el acceso de la administración de justicia, las disposiciones procesales del trabajo han sido utilizadas en pro de un culto a la forma, sobre argumentaciones que se alejan de cualquier esquema lógico y jurídico, queudno se basan en principios y reglas que hacen parte de la institucionalidad de la fórmula del Estado Social de Derecho, sino que su fundamento se relacionan con derechos cuyo ejercicio es tan solo una expectativa. La síntesis del desarrollo y análisis de este trabajo se enfoca a sostener que al ser la pretensión procesal un acto de voluntad, ejercido a través del derecho de acción no puede hacerse juicios y controles previos de legalidad, como se hacen en la admisión de la demanda. De igual forma, se hace la claridad que una cosa es la excepción, entendida como el mecanismo de todo demandado para dilatar o extinguir el ejercicio del derecho de acción; y otra muy distinta es la oposición, que es el acto de voluntad del demandado para enervar los efectos de la pretensión procesal; todo para señalar que sobre la segunda tampoco puede pregonarse un control de legalidad – aun en los procesos del trabajo – en la medida que cada parte tiene la libertad de plantear el marco jurídico de la pretensión a su consideración, así comoudtambién quien es sujeto pasivo de la pretensión tiene disposición para formular los parámetros fácticos y jurídicos de la oposición. A partir de las consideraciones de la teoría constitucional y de los principios del Derecho del Trabajo, se observan las razones por las cuales se propone que el proceso laboral puede desarrollarse de manera que respete su filosofía, sin necesidad de hacer controles previos a la demanda y a la contestación, a fin de la realización de justicia garantizando el acceso del trabajador a la tutela judicial efectiva.