El trabajo pone de manifiesto, de un lado, que las principales reformas introducidas en los delitos sexuales contra personas menores de edad carecen, con carácter general, de una justificación racional. La mayoría de las mismas, no sólo resultan criticables desde la perspectiva de los principios limitadores del ius puniendi estatal, sino también desde una perspectiva puramente utilitaria. Así es en la medida en que no son el resultado de un análisis riguroso que tome en consideración datos empíricos que evidencien la necesidad de la reforma, sino que responden a un uso populista y demagógico del Derecho penal. De otro lado, el trabajo denuncia la inexistencia de un modelo de evaluación normati-va, verdaderamente capaz de someter a control la labor legislativa y garantizar, formal y materialmen-te, la calidad de la ley.
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