Institutions and land-use planning. The adoption of the land-use act 'LOUGA' by local authorities in the autonomous region of Galicia, north-west of Spain

摘要

Durante los últimos 25 años, la región de Galicia aprobó tres leyes que regulan el usodel suelo (1985, 1997 y 2002) y que trataban de controlar el desorden territorial debuena parte del territorio. Sin embargo, después de estos 25 años, muchos municipiossiguen sin tener un plan y sólo el 12% tienen un plan aprobado con respecto a la últimaley del suelo (LOUGA) después de casi 10 años de vigencia. Esta investigación tienecomo objetivo entender por qué unos pocos municipios han decidido adaptarse a laLOUGA mientras que la mayoría parecen reacio a hacerlo. El enfoque teórico paracomprender esta falta de aplicación de la ley es la literatura institucional. En la literaturainstitucional hay cuatro grandes tipos de corrientes: el institucionalismo racional, elhistórico, el sociológico y el discursivo. Se consideran para cada uno de ellos las fuentesde cambio y resistencia institucional. Como buena parte de ellos se centra más en laresistencia al cambio que en analizar los cambios, se elabora un modelo de cambioinstitucional basado en el concepto de contradicción institucional, con el que sepretende entender tanto la aprobación de la LOUGA como la adopción y la no adopciónde la misma por parte de los municipios.Los resultados de la investigación indican que el concepto de contradicción institucionales útil para entender tanto la aprobación de la LOUGA como el patrón de difusión queha tenido en los municipios. La LOUGA se aprobó por un cambio legislativo a nivelestatal y los municipios que se adaptaron lo hicieron no por mandato legal, sino porquela LOUGA creaba inseguridad jurídica a la hora de conceder licencias dada laobsolescencia de sus planes. Sin embargo, la dirección y objetivos que finalmentetomaron tanto la LOUGA como los diferentes planes aprobados, sólo se explica por lainfluencia de otras fuentes de cambio institucional y el papel de la agencia. En cuanto alas razones de resistencia hay que mencionar los efectos redistributivos que tienecualquier cambio institucional. Los municipios que no iniciaron los trámites sonaquellos que o bien no tienen apenas actividad urbanística, o bien en su mayoría tienenplanes muy expansivos aprobados de acuerdo a la ley de 1997. El coste político deretirar derechos de edificación que concedieron planes